La Universidad Autónoma de Querétaro obtuvo la máxima calificación de 100 puntos por cumplir con las obligaciones de transparencia de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental, de acuerdo con la evaluación que la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG) realizó al sitiowww.uaq.mx.

La Mtra. Rosalba Rodríguez Durán, titular de la Secretaría de la Contraloría de esta Casa de Estudios, subrayó que es la primera vez que la UAQ, como organismo público descentralizado, alcanza este puntaje, al poner a disposición de la ciudadanía toda la información relativa a la estructura orgánica, atribuciones, leyes, reglamentos, ejercicio de los presupuestos, estados financieros, licitaciones, auditorías, directorio de funcionarios, becas, fondos federales, entre otros.

El responsable del proceso, Román Fuentes Cabrera, indicó que este reconocimiento por parte de la CEIG se debe al esfuerzo de todas las dependencias de la Universidad, incluyendo facultades y Escuela de Bachilleres, pues entregaron de manera puntual su información académica y de difusión.

Destacó que gracias a la disponibilidad de los datos a través de su portal de internet, se ha agilizado la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, pues únicamente se canaliza a los solicitantes al apartado de “Transparencia” del portal oficial de la institución.

Finalmente, Fuentes Cabrera aseguró que mantendrán en constante actualización el portal de la Universidad, toda vez que las evaluaciones de la CEIG se realizan periódicamente.

La Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental cataloga jurídicamente a la Universidad Autónoma de Querétaro como una entidad Gubernamental porque maneja recursos públicos, tanto estatales como federales, lo que la sujeta a los supuestos normativos de la ley local de información así como la de transparencia federal.

En este sentido, la Universidad manifiesta estar consciente de que “la transparencia de la actividad pública es una manifestación y un requisito típico de los sistemas democráticos, que tiene como objetivo el sometimiento al escrutinio público de las actividades institucionales”.