En el Aula Forense de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se llevó a cabo la reunión de inicio del proyecto Sierra Gorda 2022 "Reducción del riesgo ambiental global a través del monitoreo y desarrollo de un sustento alternativo para el sector minero primario de mercurio en México", impulsado por la Subsecretaría de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

En 2013, se llevó a cabo la conferencia de plenipotenciarios para elaborar el convenio de Minamata que ha sido firmado por 128 países, para entrar en vigor en 2019, regulando todo lo relacionado con el mercurio, desde su extracción, suministros, usos, almacenamiento, comercialización, gestión de sus desechos y remediación de sitios contaminados.

A finales del 2020, los países firmantes debían dejar de fabricar, importar y exportar productos que contienen mercurio y al 2032 deberán dejar de extraerse, lo que significa cerrar las minas. 

México firmó el convenio de Minamata en 2013 y lo ratificó en 2015, siendo uno de los principales países productores de mercurio en el mundo; es uno de los tres primeros productores de mercurio a nivel internacional, particularmente en la Sierra Gorda queretana, en los municipios de Peñamiller y Pinal de Amoles. 

Agradeciendo la presencia de mineros en este taller de inserción, la Dra. Teresa García Gasca, rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, señaló que la zona está contaminada en el suelo, el agua, el aire, los alimentos y las personas, por lo que las minas deben ir cerrando paulatinamente y para ello se necesitan estrategias para que la reconversión económica y social del mercurio sea una realidad. 

"Este es un proyecto que no vamos a lograr de forma aislada, que de ninguna manera las autoridades internacionales, federales, estatales, la academia, la sociedad organizada, de forma individual, van a lograr y resolver, de hecho, es un proyecto de largo aliento, pero la forma de resolverlo es sumando voluntades, trabajando de la mano y de forma coordinada y es por ello que hoy particularmente es importante que estén presentes representantes de las instancias internacionales, federales, estatales, los mineros, la sociedad que está interesada en este problema y la academia", apuntó. 

La Dra. García Gasca resaltó el trabajo que la Universidad ha hecho a lo largo del tiempo por más de 10 años con el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como parte de una estrategia de trabajo cercano con los mineros, siendo la UAQ una institución aliada que estará trabajando de la mano con las autoridades como encargada del proyecto. 

"Quien piense que este es un proyecto que solamente atañe a un una zona geográfica de nuestro mundo está equivocado, este es un proyecto que nos atañe a todas y a todos, lo que sucede en la Sierra Gorda se reflejará también en la ciudad de Querétaro y después en otros espacios del planeta, este es un proyecto que nos concierne ponerle atención y trabajar en conjunto para llegar a buen término", expresó.

Por su parte, el Lic. Leonardo Herrera Álvarez, representante legal de la asociación civil Mineros de Mercurio (MIDEMER, A.C.), emitió un pronunciamiento unificado del sector en el que señaló que el tratado de Minamata, ratificado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante su sexenio, desplomó el mercado y el precio del mercurio en la zona minera de la Sierra Gorda, lo que aunado a la pandemia de COVID-19 ha acertado un duro golpe a las finanzas y a la salud de los mineros. 

Ya se ha solicitado, dijo, a los gobiernos federal, estatal y municipales que hagan lo necesario para que los fondos de las Naciones Unidas lleguen a los mineros lo más pronto posible y pidió al gobierno federal que sean utilizadas las manifestaciones de impacto ambiental y estudios justificativos sin costo tanto para los proyectos de cambios de actividad como para obras de impacto positivo para las comunidades mineras.

También solicitó ser inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vivienda, caminos en buenas condiciones y transitables todo el año, becas y computadoras para hijos e hijas de los mineros, dos tortas para colocar antenas para internet, la condonación de una multa a los mineros de Camargo impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), certeza jurídica para detener al 2032 el minado de mercurio.

Al gobierno estatal pidió apoyo en trámites que compete a su jurisdicción; a los gobiernos municipales, facilidades para que los tres órdenes de gobierno puedan desarrollar obras encaminadas al mejoramiento del entorno en las comunidades mineras; y a las y los legisladores, que se aprueben artículos transitorios para no criminalizar la pobreza en tanto se realiza todo lo que de fondo se va a emprender en las zonas mineras.

También solicitó la autorización y fondeo para que los mineros puedan emprender proyectos que lleven a su conversión económica, terminar el inventario de las minas de mercurio, análisis de los diferentes cuerpos de agua, sustitución de tubería, vieja roto y contaminada, la instalación de plantas de tratamiento de aguas negras, la erradicación de las plagas en los bosques, la ubicación, perforación y acondicionamiento de dos pozos de agua, dos plantas para concentrar otros metales como alternativa al minado mercurio y, en su momento, poder hacer limpieza de pasivos ambientales de mercurio. 

Los proyectos que los mineros quieren emprender son en el grupo de minería, turismo, ganadería, artesanía agricultura, de servicios, transporte, de comunicación y de capacitación embarcados en cuatro grandes rubros: agropecuario, turístico, minero y de servicios. 

"Es un compromiso de esta asociación el de seguir informándoles a nuestros compañeros la bondad de este programa y de las afectaciones que en materia de salud existen para el medio ambiente pero sobre todo para nuestras familias", refirió. 

Estuvieron presentes el Dr. Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho; la Dra. Izarelly Rosillo Pantoja, líder del Cuerpo Académico Identidades, Medio Ambiente y Justicia en Contextos Democráticos; el Dr. Arturo Gavilán García, director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, en representación del subsecretario de Regulación Ambiental de la Semarnat; el Mtro. Ludovic Bernaudaz, responsable de la cartera de proyectos de la División de Químicos y Residuos de la ONU Ginebra; el Dr. Luis Daniel Sifuentes Vázquez, director de Investigación de Contaminantes, Sustancias, Residuos y Bioseguridad del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); la Dra. Rocío Peniche Vera, delegada estatal de Programas para el Desarrollo en el estado de Querétaro de la Secretaría de Bienestar; el Ing. Marco Antonio del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del gobierno estatal; y el Lic. Mauricio Aguilera Salgado, director de Desarrollo Regional de la Sedesu.