El Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) fue sede del foro “Criminalización de la protesta social en Querétaro, a un año del gasolinazo”, organizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Máxima Casa de Estudios del estado y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh), con el objetivo de analizar este fenómeno a nivel nacional y estatal.

Durante la inauguración, el Dr. Bernardo Romero Vázquez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UAQ, reveló que en Querétaro en fechas recientes, se han generado casos donde se ha buscado coartar la protesta social; sin embargo, dijo “la consigna siempre ha sido protestar, es un derecho; reprimir es un delito”.

En el evento se contó con la participación de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), Dra. Marcela Ávila Éggleton, quien refirió que en Querétaro este tema cada vez es más recurrente, aún cuando existe el derecho legítimo a la manifestación.

“Si bien se han incrementado los casos de persecución y de la criminalización de la protesta, al mismo tiempo el estado que debería de responder a los intereses como ciudadanos parecería no estarlo haciendo. Las cifras que se han revelado en las últimas semanas son una muestra clara de cómo el estado está utilizando esa fuerza  para reprimir, para  criminalizar a los actores sociales y no necesariamente para cumplir con su función de proveer de seguridad a los ciudadanos”, afirmó.

Agregó que la entidad es el segundo lugar a nivel nacional en lo que se refiere a robo de auto y lesiones dolosas; quinto lugar en robo a negocio, así como a casa habitación; además de sexto lugar en violación. Mientras que la persecución a activistas, periodistas y luchadores sociales, no aparecen en las cifras.

“Cada vez hay más represión contra grupos sociales y eso no se reporta, lo que pone en duda cuál sería la función del estado; en la medida que estos derechos humanos son violentados de manera sistemática y casi por consigna, nos hace pensar que no existe por parte del estado un compromiso serio de respetar los derechos humanos”, resaltó.

En su intervención el Lic. Luis Eduardo Knapp Moreno, integrante del Frente por la Libertad de Expresión, destacó que la protesta es un medio a través del cual las personas muestran su inconformidad cuando no existe respuesta por parte de las autoridades a los problemas sociales.

En este foro, también se contó con la presencia de Estela Hernández Jiménez, luchadora social e hija de Jacinta Francisco Marcial, quién comentó que es necesario reflexionar sobre la situación que impera en el país y en Querétaro sobre esta problemática.

“Qué se espera en un país como nuestro querido México, donde la violación de los derechos humanos es promovida por el Estado, donde los jueces, los gobiernos corruptos no se les juzga, en este país donde la justicia se vende y se compra, donde la democracia es un espectáculo, ante este escenario cabe preguntarnos porqué actúan criminalizando la protesta social, simplemente porque los poderosos tienen miedo, porque nos quieren pobres, agachados, y sumidos en la mentira, así nos quieren ver”, resaltó.

De la misma forma se presentaron testimonios sobre criminalización a cargo de  la Lic. María Esther Martínez López, abogada del Centro Prodh; Prof. Sergio Jerónimo Sanchez Sáenz y Raymundo Pascual García, indígena ñhôñhô.