En representación de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la rectora de esta Casa de Estudios, Dra. Teresa García Gasca; el titular de la secretaría Particular, Mtro. Luis Alberto Fernández García; y la docente e investigadora de la Facultad de Psicología, Dra. Rocío Adela Andrade Cázares, participaron en el Foro Regional para la elaboración de las leyes secundarias de la Reforma Educativa; convocado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que se efectuó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En su intervención, la Rectora del Alma Máter de Querétaro expresó la necesidad de participar en la elaboración de un marco regulatorio secundario que contribuya a fortalecer la educación superior pública en México; sobre todo porque las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, dejan puntos ambiguos que podrían afectar a las universidades públicas estatales (UPES).
La Dra. García Gasca señaló que, si el espíritu de la Reforma Educativa es que la educación superior sea universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, estos principios no deben socavar la calidad institucional, el mérito y el esfuerzo individual de los ciudadanos y sus familias.
Como parte de las propuestas llevadas por la Dra. García Gasca al Foro Regional se encuentran: a) que se reforme el artículo 1º de la Ley General de Educación (LGE) para que se establezca que los requisitos y mecanismos de acceso a las instituciones de educación superior deberán ser transparentes, imparciales y públicos “considerando en todo momento las capacidades y herramientas necesarias para el cumplimiento de los perfiles de ingreso a los diferentes programas de estudio”. b) adicionar al artículo 2º de la LGE un párrafo donde se establezca que las universidades públicas deberán contemplar en sus legislaciones internas mecanismos que permitan reducir la brecha social y fomentar la inclusión entre sus estudiantes, con especial énfasis en los grupos vulnerables.
“Por lo que se refiere a la igualdad de género y con el objeto de cesar prácticas de invisibilización femenina, proponemos el establecimiento formal de la emisión de títulos en femenino, a manera de reivindicación de nuestra comunidad de alumnas. Adicionalmente, es necesario el uso de lenguaje inclusivo en todos los documentos institucionales”, apuntó la Rectora.
En cuanto al concepto de gratuidad de las UPES, el titular de la Secretaría Particular de la Rectoría, Mtro. Luis Alberto Fernández García, señaló que, aunque es deseable que se consiga para todos los niveles educativos, las condiciones del país no hacen esto posible por hoy, por lo que consideró establecer en la legislación que la educación superior pública será gratuita únicamente en los niveles de Técnico Superior Universitario y Licenciatura para los procesos de inscripción y reinscripción, así como en el costo de la matrícula; además de que se dirijan los subsidios públicos destinados al cumplimiento de la gratuidad a los estudiantes con menor capacidad económica.
Así mismo, expuso la adición de un artículo transitorio que apunte que es obligación de la Federación solicitar informes detallados a cada una de las UPES respecto a los ingresos propios obtenidos anualmente por los conceptos que serán gratuitos en virtud de la reforma constitucional de 2019, a fin de que dichos recursos sean provistos por la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, y que eventualmente estos recursos sean parte del presupuesto irreductible y ligados a la proyección de matrícula de cada institución.
Esto, independientemente de que la LGE en su capítulo II, sección 3, del Financiamiento a la educación, establece disposiciones que no se cumplen a cabalidad; por lo que los representantes de la UAQ propusieron agregar al artículo 25 de la LGE una instrucción para sancionar a las autoridades responsables de incumplimiento de esta disposición de dotar de subsidio suficiente a las UPES.
Además de que se consigne como obligación de los poderes legislativos y ejecutivos de los estados proveer a las universidades públicas de su respectiva entidad del igual monto de recursos que el que asigne la Federación para cada ejercicio presupuestal.
También en lo que refiere al financiamiento, el Mtro. Fernández García sugirió retomar el artículo 22º de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que establece que los ingresos de las instituciones públicas, así como actos y contratos en donde intervengan, estarán exentos de impuestos federales; comenzando por el Impuesto Sobre Nómina (ISN) e incluyendo los recursos obtenidos por comercialización y explotación de productos, patentes, marcas y derechos de autor.
Por su parte, la investigadora de la Facultad de Psicología, Dra. Rocío Andrade Cázares exhortó a abrir la mirada hacia la inclusión educativa en las instituciones de educación pública superior, sobre todo a sectores vulnerables como los estudiantes indígenas o que presentan alguna discapacidad física o intelectual.
“Veamos la necesidad de incorporar materias orientadas hacia la educación especial, la inclusión educativa, sexualidades humanas, estrategias para la solución o abordaje de problemas pisco-educativos”, expresó la académica, quien también pidió que se hagan más rigurosos los procesos que siguen los organismos estatales como la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y el Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) cuando se evalúen programas de estudio de instituciones particulares para garantizar la calidad educativa.
